De fallas geológicas y extractivismo: conflicto entre Salaverna y Frisco-Tayahua amenazan comunidad

Por Grecia Eugenia Rodríguez Navarro

Las formas para apoderarse del espacio geográfico, como el extractivismo, conservan atributos del despojo propios de los albores del capitalismo en el siglo XVIII, ahora con el añadido de elementos novedosos, como el uso de tecnologías en permanente desarrollo. El caso de Salaverna, como tantos otros, muestra que persisten atributos históricos pese a diversos contextos y particularidades.

Un pequeño grupo de habitantes de la comunidad de Salaverna Mazapil se rehusa a ser despojado por la minera Frisco-Tayahua para que no realice su voluntad: un tajo a cielo abierto mayor que el de Peñasquito, aunque parece una sencilla descripción, este caso a 10 años de destrucción, ha adquirido dimensión nacional e internacional, en el marco del capitalismo neoliberal y la movilización social.

 

Al fondo la ex iglesia de Salaverna, cuarteada por las barrenaciones subterráneas de la minera Frisco-Tayahya. Foto: Nallely de León Montellano

En la fase actual del capitalismo, el Estado asume el rol de facilitador y asegura la estabilidad del capital,  para lo cual es necesario que los mercados competitivos funcionen “libremente” en un sistema neoliberal que defiende la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos, mediante instituciones legales que modifican, agregan o inventan marcos jurídicos para hacer legal el despojo. Así adopta una postura que entrelaza la lógica de poder territorial y la lógica de poder capitalista.

Tal como en Inglaterra de fines del siglo XVIII, en donde las prácticas de acumulación desaparecieron al campesinado para convertirlo en proletariado industrial, en esta época aniquilan la vida rural e indígena que no necesariamente emigra a la ciudad, sino que se reúne con otros inconformes creando resistencias al neoliberalismo donde la acción colectiva del grupo parte de una lógica local.

Lo sucedido entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua representa un fenómeno antagónico, dada la naturaleza mineral de la región y las condiciones sociales de “pobreza” y “miseria”, la falta de oportunidades reales para los pobladores y el actuar (a conveniencia) de los gobiernos estatal y federal. Puedo por tanto decir, que la correlación entre el Capital y la Comunidad se repite a lo largo de la historia de la modernidad: el despojo de asentamientos humanos para la expansión y la acumulación. Al tomar en cuenta que la relación Capital-Comunidad se caracteriza por la cínicas ganancias que obtienen las empresas, se observa que la riqueza de la mineras es proporcional al detrimento material de las comunidades en las que se establecen, entonces a mayor ganancia para Frisco-Tayahua, mayor pobreza para Salaverna.

El logos capitalista, razón instrumental que justifica el despojo, recurre siempre a cúpulas regionales del Estado donde necesita instalarse, en aras de desarrollo y el progreso, beneficiándose de vacíos legales y abstracciones jurídicas para cimentarse. En el caso de Salaverna cuatro, entre otros tantos, son los acontecimientos que dan cuenta de ello:

  1. La eliminación de derechos sociales, políticos y económicos de los pobladores en manos del Estado,
  2.  Permitir y apoyar que la mina opere, incluso cuando en la ley minera existen elementos para detener el funcionamiento hasta que se llegue a un acuerdo con los pobladores,
  3. Que Servicios Geológicos Mexicanos estuviera dispuesto a recibir dinero de un particular (Frisco-Tayahua) para hacer un estudio-diagnóstico del suelo. Es obvio a favor de quien beneficiaría dicho diagnóstico y;
  4. El reciente desalojo (23 de diciembre 2016) forzado en manos de la fuerza pública y personal de la minera, realizado para obligar a la población a aceptar la casa o el dinero de la minera.

Con estos ejemplos se puede entrever que ni al Estado ni a la empresa les interesa el destino de las personas de la comunidad, ni la dignidad humana en su acepción más elemental, sino que la prioridad es la ganancia. Interesante es saber que a nivel municipal, estatal y nacional el tema se convierte en uno más, en un entramado de injusticias sociales de las zonas que menos reconocimiento tienen: las rurales.

El pasado 23 de diciembre del 2016, el gobierno del estado de Zacatecas cercó la comunidad de Salaverna Mazapil, secuestrándolos, con el pretexto de “proteger” la integridad física de los habitantes por la supuesta falla geológica.

El director de Protección Civil del Estado, Antonio Caldera Alanís, sin previa notificación de desalojo, acompañado por elementos de la policía estatal, municipal y ministerial así como de representantes legales, maquinaria de la minera para derribar las casas y camiones para trasladar las pertenencias, irrumpió en la comunidad con un operativo de desalojo. El saldo incluye dos viviendas y tres espacios públicos: iglesia, escuela  y agencia municipal. Tampoco importó que la comunidad esté atravesando por un proceso de medición y deslinde, ante la Sedatu, para determinar a quién le corresponde el polígono en disputa: a la minera, a la comunidad o al ejido Mazapil.

A medida que se desvanece la posibilidad de permanecer en el espacio geográfico, se dibuja la necesidad de pactar con la empresa; aceptar sus condiciones e intercambiar terrenos por el precio que ésta ha destinado: una casa tipo Infonavit, en el llamado Centro Urbanístico Nueva Salaverna (Gobierno del Estado, 2012)[1].

Bartra (2016), que hace una interpretación sobre el despojo, retoma el caso de Filemón y Baucis, en Fausto de Goethe: pareja de edad avanzada que se opone a los deseos de Fausto, motivo que les quita la vida.  Podemos decir que los métodos de apropiación de la propiedad privada desde tiempos de Fausto no han cambiado mucho, sólo tienden a actualizarse, la oferta de un paraíso en vida es la promesa eterna del capital para las comunidades.

Aun y cuando la resistencia ha dispuesto lazos con partidos políticos (2005, 2012, 2013), con líderes sociales (2007, 2014, 2015, 2016), con otras luchas sociales (2007, 2009, 2011, 2014, 2016) con los medios de comunicación (2010, 2012, 2013, 2014, 2016) estatales y nacionales y estar en contacto con diputados del PRD y del PAN, Colectivos independientes como la UNTA, que lleva el caso de una fracción de la resistencia, el FSSP y la Federación Sindical Mundial (por mencionar algunos), las limitaciones para avanzar en el tema jurídico son evidentes y la situación de desigualdad es evidente entre la minera y la comunidad. La capacidad de organización de la resistencia y su situación geopolítica dificulta sus posibles alianzas.

El caso particular de Salaverna muestra que la ganancia no se cuestiona, no se limita y se pone por encima de los derechos de los ciudadanos, es un error creer que el Estado será la parte mediadora entre los intereses del capital y los de las comunidades, vivimos en un país repartido entre la estrecha clase dominante, donde gobierna el partido de la misma clase (Partido Revolucionario Institucional) que establece la política pública en función de sus intereses, no en función de las comunidades o de la clase trabajadora en general, las instituciones entre el capital y las comunidades, no son intermediarias, obedecen al capital.

A medida en que no exista una organización desde abajo y apoyo de sectores de arriba y no haya articulación o identificación entre la clase trabajadora y la clase media parece que estaremos destinados a perder más y más derechos. La correlación de fuerzas hasta este momento sigue indicándonos que la tendencia a triunfar del capital va en aumento, parece que no es una crisis a la que se enfrenta actualmente más bien es una reorganización del ejército de reserva en función de los intereses de la acumulación del capital.

La articulación se dificulta, en el caso minero de Zacatecas, por las características económicas, políticas, sociales y culturales que convergen en un terreno determinado pero  las resistencias necesitan encontrar puntos clave, entre ellas, que las vincule y las haga una fuerza de oposición que pueda desafiar a las mineras y una posibilidad de cambio.

¡La moneda está en el aire y Salaverna Resiste!

Referencias

[1] El Lic. Juan Carlos Flores Cano gerente del área de comunicación social y desarrollo comunitario de FriscoTayahua y el Lic. José Báez Medina apoderado legar de Tayahua afirman que de las 90 casas, que conforman el fraccionamiento, 71 están escrituradas y son propiedad de los habitantes, los pobladores y fuentes periodísticas afirman que las casas están en comodato y que les dieron una indemnización de $15,000.00 M/N.